El ministro de Defensa fue entrevistado el viernes pasado por Jonathan Viale en TN, donde se refirió a las nuevas medidas que permitirán a las Fuerzas Armadas detener a civiles que estén cometiendo delitos. Estas acciones se enmarcan en la “Operación Julio Argentino Roca”, que implicará el despliegue de unos 10.000 militares en la frontera norte, con el objetivo de fortalecer el control territorial y recolectar información estratégica para la defensa nacional.
Esta medida, establecida en la resolución reservada 347 y firmada por el ministro, también autoriza a los efectivos militares a portar armas cargadas en situaciones de posible peligro. El operativo, que se llevará a cabo de manera conjunta con Gendarmería, tiene como objetivo reforzar la vigilancia en las zonas sensibles de la frontera norte, específicamente en provincias como Salta y Jujuy.
Las «reglas de empeñamiento» precisan que el uso de la fuerza deberá ceñirse a los principios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad y gradualidad, tal como se establece en el Código Penal de la Nación. Además, se detallan los protocolos de actuación ante posibles agresiones, con un énfasis en restringir el uso de la fuerza a casos de legítima defensa propia o de terceros. De acuerdo con las directivas, también se ha fijado un criterio de gradualidad en el uso de armas de fuego, permitiendo incluso disparos de advertencia, pero prohibiendo disparar contra vehículos o personas sospechosas que intenten huir de los controles.
El ministro Petri defendió esta medida al recordar que el Código Procesal Penal de la Nación establece que cualquier autoridad, incluida la policía o incluso un civil, puede realizar una aprehensión en flagrancia. En su intervención, destacó que el detenido debe ser presentado ante la autoridad competente lo más pronto posible para dar inicio a la investigación correspondiente.
El «Operativo Roca» comenzó en Salta con un contingente de 1.300 efectivos, pero el objetivo es desplegar hasta 10.000 soldados a lo largo del año.
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