En 2025, Argentina enfrenta las consecuencias cada vez más visibles del cambio climático, que afectan tanto a su economía como a la vida cotidiana de la población. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura promedio del país aumentó 1,2 °C en las últimas cinco décadas, lo que ha intensificado fenómenos extremos como olas de calor, sequías e inundaciones. Este escenario genera daños en la infraestructura, pérdidas productivas y desafíos sanitarios, especialmente en regiones vulnerables como el Litoral, la Patagonia y el Noroeste. La adaptación a estas condiciones se ha convertido en una prioridad nacional.

El sector agropecuario es uno de los más afectados. La sequía histórica de 2024 redujo la producción de soja y maíz en más de un 20%, impactando negativamente en las exportaciones y en la recaudación fiscal. Para 2025, si bien las lluvias se han normalizado en algunas zonas, persisten problemas de variabilidad climática que dificultan la planificación de las campañas agrícolas. Según la Bolsa de Cereales de Rosario, las pérdidas totales por eventos climáticos en los últimos dos años superan los 12.000 millones de dólares. Esto ha impulsado a productores a adoptar sistemas de riego inteligente, prácticas de agricultura regenerativa y seguros agrícolas climáticos como medidas de mitigación.

En las ciudades, los efectos del cambio climático se manifiestan en la infraestructura y la salud pública. Durante el verano de 2025, Buenos Aires y otras grandes urbes registraron olas de calor con temperaturas superiores a los 40 °C durante varios días consecutivos. Este fenómeno incrementó la demanda energética y provocó cortes en el suministro eléctrico en distintas zonas. Además, según el Ministerio de Salud, se registró un aumento del 18% en casos de deshidratación y golpes de calor en comparación con el año anterior. Estas situaciones evidencian la necesidad de políticas urbanas que promuevan espacios verdes, techos verdes y sistemas de enfriamiento natural.

La biodiversidad y los ecosistemas también se ven seriamente amenazados. La reducción en los caudales de ríos como el Paraná ha afectado la fauna acuática y los humedales, fundamentales para la regulación natural de inundaciones y sequías. En la Patagonia, el retroceso de los glaciares se acelera: el Glaciar Perito Moreno perdió el equivalente a 1,5 kilómetros cuadrados de superficie en la última década, según datos del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA). Estos cambios no solo tienen consecuencias ecológicas, sino también económicas, al afectar el turismo y la provisión de agua dulce.

En respuesta a estos desafíos, el Gobierno ha reforzado su política climática mediante la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación, presentada en marzo de 2025. Este plan incluye metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, inversiones en energías renovables y programas de reforestación en bosques nativos. Sin embargo, organizaciones ambientales advierten que su implementación enfrenta obstáculos relacionados con la falta de financiamiento y la superposición de competencias entre provincias y municipios. Para cumplir con el Acuerdo de París, Argentina debería reducir sus emisiones en un 19% hacia 2030, una meta que exige esfuerzos coordinados entre el Estado y el sector privado.

La cooperación internacional se presenta como un factor clave. En 2025, Argentina accedió a un fondo verde de 500 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial y el BID para proyectos de resiliencia climática y energías limpias. Estos recursos serán destinados a la protección de cuencas hídricas, la transición energética y la prevención de desastres naturales. A futuro, expertos coinciden en que el país debe priorizar una visión integral que combine desarrollo económico con sostenibilidad ambiental, garantizando la preservación de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades frente a los impactos del cambio climático.