El agro argentino atraviesa una etapa de recomposición tras la histórica sequía de 2022-2023 que provocó pérdidas estimadas en más de 20.000 millones de dólares. La campaña 2023/24 mostró signos de recuperación, especialmente en soja y maíz, impulsados por mejores condiciones climáticas y rindes por encima del promedio en varias regiones. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción de soja alcanzaría los 50 millones de toneladas, mientras que el maíz superaría los 56 millones, un rebote significativo frente a la campaña anterior.

A pesar de la mejora en los volúmenes, el sector enfrenta serias dificultades en términos de rentabilidad. Los costos de producción se mantuvieron elevados debido a la inflación y la suba de insumos dolarizados, mientras que los precios internacionales sufrieron una caída respecto a los picos de años anteriores. Además, la brecha cambiaria y el sistema del “dólar blend” (80% en el mercado oficial y 20% en el CCL) generaron distorsiones en las liquidaciones, limitando la competitividad de muchos productores, especialmente medianos y pequeños.

En este contexto, las entidades rurales renovaron sus reclamos al Gobierno nacional por una reducción de la carga impositiva. Según la Fundación FADA, el 61% de la renta agrícola promedio se destina al pago de impuestos. Las retenciones a las exportaciones siguen siendo el punto más crítico del debate: la soja tributa un 33%, el maíz y el trigo un 12%. Aunque el Ejecutivo descartó por ahora una baja generalizada, sectores oficiales deslizaron que podrían analizar esquemas segmentados o regionales para aliviar a economías más frágiles.

Otro aspecto que preocupa al agro es la falta de financiamiento y de infraestructura para mejorar la competitividad sistémica. La paralización de obras viales y ferroviarias afecta la logística de las economías regionales, encareciendo los costos de transporte. A eso se suma la escasa oferta de crédito productivo, con tasas aún poco accesibles para muchos productores. Las entidades bancarias rurales registraron una fuerte caída en el otorgamiento de préstamos en comparación con 2022, dificultando la inversión en tecnología y maquinaria.

No obstante, el campo mantiene un rol central en la generación de divisas. En el primer semestre del año, el sector agroexportador liquidó más de 13.500 millones de dólares, según CIARA-CEC, lo que representó más del 60% del total de ingresos por comercio exterior. La reactivación de las exportaciones de trigo, maíz y subproductos de soja fue clave para sostener el superávit comercial, en un contexto donde otros sectores aún no logran despegar. El Gobierno apuesta a que el agro vuelva a ser el principal motor de ingreso de dólares genuinos.

De cara al segundo semestre, los desafíos del agro son múltiples: estabilización macroeconómica, previsibilidad normativa, acceso al financiamiento y reducción de la presión fiscal. Si bien el clima acompañó esta vez, el potencial del campo argentino seguirá condicionado por decisiones políticas y por la capacidad del Estado para generar un entorno que incentive la inversión y la innovación. Como tantas veces en la historia nacional, el futuro económico de Argentina dependerá, en gran medida, de lo que ocurra en sus campos.