El reciente fallo de la Cámara de Casación Penal, que obtuvo el respaldo mayoritario de sus magistrados, marca un precedente importante al establecer un régimen diferenciado para los delitos vinculados al narcotráfico. 

La Cámara Federal de Casación Penal avaló por mayoría la validez constitucional de la ley 27.375, que impide conceder beneficios como la libertad condicional a condenados por delitos de narcotráfico. La decisión fue adoptada en un acuerdo plenario por los diez jueces del máximo tribunal penal del país, y establece que esta normativa no vulnera principios fundamentales como la igualdad ante la ley, la razonabilidad y la progresividad de la pena.

La mayoría del tribunal, integrada por siete jueces, sostuvo que el régimen especial para estos delitos se alinea con los principios de reinserción social establecidos tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales. Indicaron que la ley contempla un proceso gradual hacia la libertad en el tramo final de la condena, lo cual garantiza etapas de reinserción sin que se vean afectados derechos fundamentales de los internos.

En disidencia, tres magistrados opinaron que el recurso del Ministerio Público Fiscal no era procedente y que el caso excedía las atribuciones del tribunal. La resolución se originó a partir de una causa en la que se había declarado inconstitucional uno de los artículos de la ley de ejecución penal, tras una solicitud de la defensa de un condenado por narcotráfico. La audiencia pública incluyó la participación de diversas organizaciones y reactivó el debate sobre la llamada «doctrina del encierro», impulsada por Luis Petri y Patricia Bullrich, que busca establecer un marco más rígido en la lucha contra el narcotráfico.