La Legislatura de Neuquén aprobó la iniciativa impulsada por el gobernador que impide a personas con condenas firmes por delitos dolosos ocupar cargos públicos. Con esta medida, la provincia refuerza su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, estableciendo una inhabilitación perpetua para quienes hayan sido condenados en segunda instancia.
Dicha normativa refuerza la política de tolerancia cero a la corrupción en la provincia, extendiéndose de manera preventiva al restringir el acceso a cargos públicos a personas con antecedentes penales.
Con la nueva ley, aquellas personas condenadas por delitos dolosos en segunda instancia no podrán ser candidatas ni ocupar puestos en el gabinete provincial, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de la Magistratura ni otras designaciones políticas. Además, se incluyen restricciones para quienes hayan sido beneficiados con una suspensión de juicio a prueba en casos de delitos dolosos o contra la administración pública, así como para quienes figuren en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.
El diputado Ernesto Novoa destacó que la normativa garantizará una dirigencia política transparente en Neuquén y fomentará la confianza en las instituciones. Asimismo, justificó la exclusión de los delitos de calumnias e injurias del texto final para evitar su uso como herramienta de censura contra la oposición. Bermúdez, por su parte, calificó la ley como un «acto de justicia» y subrayó que establecerá los mismos requisitos para los funcionarios públicos que para cualquier empleado estatal.
La ley fue aprobada con 28 votos positivos provenientes de distintas fuerzas políticas, incluyendo Comunidad, PRO-NCN, MPN y Fuerza Libertaria, entre otras. En contraste, fue rechazada por cinco legisladores pertenecientes a Unión por la Patria y los bloques de izquierda, quienes nuevamente quedaron en minoría.
Con esta medida, Neuquén se suma a otras nueve jurisdicciones del país que han adoptado una legislación similar, marcando un avance en la lucha contra la corrupción y la profesionalización de la función pública.
Dato Uno 